k sapa en jujuy y en ledesma?

Se está rompiendo el miedo”

Olga, Adriana, Luis y Ricardo son los hijos de Luis y Olga Arédez. Hablan de la citación del dueño del Ingenio Ledesma por la desaparición de su padre. “Es el fin de una etapa”, dicen. Esperan que las personas del pueblo aporten información a la causa.Los Blaquier son responsables de tres genocidios, el aborigen, el terrorismo de Estado y el ambiental”, dice Adriana Arédez, una de las hijos del matrimonio que durante cuatro décadas enfrentó al poderoso ingenio azucarero de Jujuy. Página/12 dialogó con ella y sus tres hermanos sobre el inicio y los efectos del juicio en el que Carlos Pedro Blaquier, sus empleados y policías jujeños están imputados por el secuestro y la desaparición de su padre, el médico y ex intendente de Libertador General San Martín Luis Arédez, entre otras víctimas de la dictadura cívico-militar en esa provincia. Adriana sigue al detalle el expediente y expresa tanto su furia porque todavía hay una “impunidad insoportable” como su esperanza cuando dice que “se está rompiendo el miedo”. Coincide con su hermana Olga en lo que llaman “la diferencia ética entre Arédez y Blaquier” y muestran copias de los estudios cardíacos de su padre. “También padecía arritmias, pero jamás se le ocurrió faltar por eso al municipio, y no tuvo que hacer interconsultas en países extranjeros, en cambio Blaquier lo usa como excusa para escaparse al exterior”, dicen.

La mayor, Olga –56 años dos hijos–, es médica psiquiatra y vive en Villa del Rosario, Córdoba. Adriana, casi un año menor, tiene cuatro hijos, es técnica en Parques, participó en Salta junto a su madre de la fundación de Madres y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en esa provincia, luego se mudó a Catamarca y ahora se trasladó a Tilcara para participar en forma activa en su rol de querellante. Luis, de 53 años, tiene dos hijas, es empleado público y vive en Tucumán, y el menor, Ricardo, tiene 52, es soltero y trabaja en la Universidad de Buenos Aires.

–¿Pensaron que alguna vez iba a llegar este momento?

Ricardo:–No hasta que hubiera un cambio de jueces en Jujuy que puedan llevar adelante una justicia justa, tan necesaria en nuestra provincia. Los sucesivos gobiernos en Ledesma nunca reconocieron la lucha de las Madres en nuestro lugar, como sí lo hizo Néstor Kirchner. Cuando asumió (el juez Fernando) Poviña preferimos esperar, no hacernos ilusiones porque si no nos enfermamos. He visto morir a madres y padres esperando, pero parece que la hora va llegando, necesito saber que va a ser así.

Adriana: –Ni muerta me resigno, mi vieja se murió, pero dejó todo para que sigamos. Vamos a llegar a una sentencia como la que debe corresponder a estos genocidas civiles que han cometido tres genocidios: el aborigen, cuando expulsaron a todos del cerro Calilegua, los fusilaban mientras ellos se defendían con arcos y flechas; el segundo fue el terrorismo de Estado, y el tercero es el ambiental, sobre el cual el Estado provincial sigue haciendo oídos sordos. No reconocen ni registran los muertos por bagazosis, siguen poniendo en los certificados que son alergias. Eso te habla de la complicidad del poder económico y provincial. El gobernador (Eduardo) Fellner dice que hay que investigar, cuando estuvo vinculado con el equipo de abogados de Blaquier. Todo es muy tramposo, hay que conocer muy bien lo que pasa acá.

Luis: –Pensé que al iniciarse el proceso penal los primeros en ser citados iban a ser los represores de menor jerarquía, como (Mario) Patané o (Juan) Kairuz, por aquello de que el hilo se corta por lo más fino, fue una sorpresa cuando llamaron a (Alberto) Lemos y a Blaquier. Pero creo que los acontecimientos del año pasado, a partir de la marcha 28 del Apagón, la toma de tierras y su represión con cuatro muertos, la movilización en Libertador en reclamo de justicia por esos asesinatos de los que aún no se sabe nada, las movilizaciones por la morosidad en las causas por delitos de lesa humanidad del ex juez Olivera Pastor, la designación de un nuevo juez, la unificación de las causas y los allanamientos marcan un encadenamiento de hechos que inevitablemente debía concluir con una clara y firme intervención de la Justicia, era insostenible seguir con actitudes dilatorias. Para tener una dimensión, son 35 años de movilizaciones y reclamos de justicia ante cien años de impunidad.

Olga: –Los organismos de derechos humanos, nosotros como familiares de víctimas el terrorismo de Estado, nuestros representantes legales avanzamos constantemente hacia la búsqueda de justicia, así es que sí, lo pensé. Tengo buenas expectativas en esta lucha de poderes donde no debemos dejar de apoyar a nuestra Presidenta en la consolidación del modelo, que llevará un tiempo para implementar los cambios que desearon y por los que dieron la vida nuestros queridos desaparecidos.

–¿Qué les produce la no comparecencia de Blaquier en la indagatoria y la posibilidad de que se haya ido del país?

A.:–(Furiosa.) Estuve con el juez de la causa luego de la declaración de (el ex administrador Alberto) Lemos, y se burlan de todo, es una impunidad insoportable. Hizo un descargo por escrito, fue a la hora que quiso porque no quería tener una movilización ni un pañuelo blanco cerca, los odian. Y puso sus condiciones. El juez le dijo que mientras no estuviera el fiscal no podía indagarlo, y como el fiscal es un heredado de Olivera Pastor apareció subordinado a los poderes y le tomó declaración. Además mintió, dice que era muy amigo de mi papá, que veían partidos de fútbol juntos y eso es imposible, no hubiera estado ni un segundo mi padre con una persona así. Y niega haber recibido a mi madre, siendo que yo la llevé en el auto con una amiga que la acompañó a entrevistarlo. (En esa reunión Lemos reconoció que la empresa había aportado los vehículos para los secuestros) Le voy a contestar una por una sus mentiras. Pero me moriré siendo optimista, con mi hermano llevamos adelante la imputación de los civiles empresarios, que son responsables de los 30 mil desaparecidos, ellos pagaron por un golpe de Estado, pusieron todo lo que tenían a su alcance para eliminar gente. Esto coincide con las declaraciones de (Jorge Rafael) Videla, que los empresarios les pedían 10 mil desaparecidos más. Ahora empezó el juzgamiento de civiles en Argentina, y juristas nos dicen que éste va camino a ser un caso testigo. Respecto de Blaquier, tenía la intuición de que se iba a escapar y lo advertí, tienen 200 kilómetros de frontera a su disposición, pistas y aviones privados. Dice que está enfermo para no asistir a la imputación, para evitar responder qué hizo con mi padre y los desaparecidos de la provincia. Hay que constatar con nuestros peritos si esto es cierto, pero tiene que ser en horas, no días. El espionaje a la marcha de 2005 lo hizo una empresa que ellos tercerizaban, World división-psicología industrial, que hizo inteligencia, no psicología. Hicimos un amparo y hablamos con la ministra (Nilda) Garré pero falta que un fiscal impulse una denuncia, porque hicieron espionaje en democracia, violación de la ley de datos personales de los ciudadanos y tareas de inteligencia reservadas para el Estado, claramente prácticas de terrorismo de Estado que nunca abandonó la empresa Ledesma.

–Entonces, ¿persiste cierta impunidad pero también se está quebrando el pacto de silencio?

A.: –Existen muchas pruebas testimoniales, muchos perseguidos políticos, hay material fílmico, académico y siguen llegando pruebas, del allanamiento al barrio Los Perales, donde sus abogados tienen domicilio legal, se llevaron de todo, había cosas de mi padre y de (Jorge) Weisz, de (Carlos) Patrignani, de dirigentes gremiales desaparecidos. Hay gente que quiere ir a denunciar espontáneamente, nos están llamando todos los días. Y sí, se está rompiendo el miedo, esto tiene que llegar al final y tiene que ver con una decisión política en ese sentido.

R.:–El nuevo directorio de Ledesma son hijos de Carlos y Nelly Arrieta. Quisiera sentir que en la próxima marcha del Apagón el pueblo no nos siga viendo a escondidas, sino que acompañe esta resistencia con la que conseguimos cambiar algo en la Justicia. Tengo expectativa de que algo cambie en el pueblo, que nos ayuden de una vez por todas, mucha gente sabe dónde están nuestros desaparecidos, a ver si ahora se animan a hablar porque ahí se sabe quién colaboró, quién hizo espionaje, e incluso dónde están enterrados. Mi papá era muy querido por la gente y los hijos de los que ya no viven deben haber transmitido ese compromiso, quiero ver a la gente con memoria perder el miedo y acompañar nuestro reclamo porque creo que quieren algo distinto, no morirse de miedo por perder el trabajo o por ser investigado. Ese lugar está tomado desde hace siglos, tiene que dejar de vivir en el miedo.

L.: –Más de tres décadas de pelea con un enemigo poderosísimo nos han vuelto pacientes, el solo hecho de que la Justicia Federal reclame la presencia de estos individuos para que expliquen su conocimiento y participación en la represión en Ledesma es un acontecimiento relevante y marca el fin de una etapa inédita. Pienso en la cantidad de madres, padres, hermanos, hijos y nietos que comenzaron esta lucha en esta provincia y por causa de muerte, enfermedad, autoexilio, desaliento o depresión no llegaron a vivir la esperanza de estas horas. Que la impunidad continúe o no, depende del oportuno accionar de la Justicia y la actitud que nosotros adoptemos al seguir con atención el proceso del doctor Poviña.

O.: –La impunidad sigue porque esto es un proceso que implica etapas que, evidentemente, se están cumpliendo.

–¿Cómo afecta esta influencia de los Blaquier en la vida cotidiana de Libertador General San Martín?

R.: –Me acuerdo de algo impresionante. En la marcha de 2005, cuando el doctor (Norberto) Liwsky había terminado de hablar en el acto, al lado de María Adela Antokoletz, la gente se acercó a aportarle pruebas. Y cuando se iba, casi llegando al río Ledesma, donde dicen que secuestraron a mi padre, le robaron el maletín con todo. Y hace pocos días, el intento de secuestro al nieto de (Hugo) Condorí (ex preso político y querellante). Están ahí, nunca se fueron pero los conocemos a todos. Hay que ganarles como pueblo para vivir en un lugar digno y seguro, ganar el espacio.

A.:–La gente siempre resistió pero Ledesma responde con balas y muerte, como pasó en el desalojo a los ocupantes del Triángulo hace casi un año, con desaparecidos, secuestros, torturas, con prestar sus vehículos y la infraestructura y personal para cometer delitos, reconocidos como de lesa humanidad. Lo de las tierras va a ser siempre un problema, ellos no pagan impuestos aún hoy, lo negocian con cargos políticos y prebendas, mientras los trabajadores despedidos no tienen dónde ir. La ordenanza 84 que estableció mi papá cuando era intendente, en 1973, para erradicar las villas hablaba de 400 hectáreas como pago de un mes de impuestos. Festejan sus cien años como empresa de capital nacional y es mentira, dicen que dan trabajo a 7 mil familias y echan a 2 mil. La gente está cercada por cañaverales, todo es caña, por eso van a seguir tomando tierras. La ordenanza existe y el gobierno provincial debió expropiar, pero tras la muerte de tres personas sólo negociaron 14 hectáreas. Mi papá fue intendente sólo siete meses, y quería hacer cumplir las leyes sociales de 1945, que el hospital no sea una empresa privada, que los trabajadores recibieran medicamentos. Allanaron todas las casas para hacer desaparecer esa ordenanza pero no lo lograron, hay historiadores que la tenían y con lo que ellos escribieron nos nutrimos los hijos.

L.: –En 1959, cuando mi padre fue cesanteado por la empresa no consiguió que nadie le alquilara ni una pieza, por eso se fue a Tilcara. Y hoy es igual. La dominación de los Blaquier no puede entenderse sin la participación de los gobiernos municipal y provincial, por acción u omisión. El ejemplo más claro es la toma de tierras en Libertador General San Martín de fines de julio del año pasado y la sangrienta represión de comienzos de agosto. El problema habitacional es desesperante, mientras las autoridades municipales no reclamaban a Ledesma (única propietaria de la zona) la cesión de nuevos terrenos y tampoco solicitaban a la Legislatura provincial la expropiación de estos inmuebles, el gobierno de la provincia no se daba por enterado y miraba para otro lado. La Legislatura de la provincia creó una comisión investigadora de estos hechos, no duró una semana, aprovecharon que un funcionario citado no se presentó a declarar y se disolvió sin pena ni gloria. El poder real allí es el poder económico, bastó que la empresa diera por clausurado el diálogo y denunciara usurpación de tierras para que la Justicia provincial mandara reprimir, y el Ejecutivo junto con el Legislativo por no querer contrariar los deseos de la empresa y no cumplir oportunamente con sus obligaciones de gobierno, terminaron siendo corresponsables de esa tragedia.

O.: –Por haber vivido y tener contacto con la población actual, y con los que debieron emigrar aun contra su voluntad, hay un pacto de miedo y silencio instalado y naturalizado que se puede resumir en esta frase: “No hables del Ingenio Ledesma porque puedes quedarte vos o tus allegados sin trabajo, te pueden perseguir, no te van a dejar tranquilo ni a vos ni a tus familiares o te puede pasar lo mismo que al doctor Arédez”.

Luz y sombra

La resistencia oligárquica, trasfondo de la controversia entre Nación y Provincia. Un gobierno blando con los poderosos y cruel con los débiles. Una delegación oficial llevó documentos, salud y planes a las cárceles visitadas por Mariotto. Pero los prisioneros siguen siendo rehenes del mecanismo perverso de prebendas y castigos implantado por un Servicio Penitenciario que conduce al ministerio de Seguridad. La villa como cárcel sin muros, el dilema entre Estado Penal o Estado Social. Por Horacio Verbitsky

Hace ocho días un pelotón de funcionarios de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires llegaron al complejo penitenciario conurbano norte, de San Martín. Iban con ellos el Defensor General de Casación de la Provincia, Mario Coriolano, y la defensora pública de Lomas de Zamora, Fernanda Mestrín. El viceministro de Justicia y Seguridad provincial, César Albarracín, y la directora del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini, junto con directivos de la Jefatura de Gabinete y el ministerio de Salud recibieron allí a funcionarios de la ANSES y de los ministerios nacionales de Salud y de Acción Social. El propósito era remediar las calamidades constatadas por el vicegobernador Gabriel Mariotto durante la visita que realizó el 29 de marzo en compañía del senador Santiago Carreras, defensores oficiales, la Comisión Bonaerense por la Memoria y el CELS.

Si esto es un hombre

Las personas privadas de su libertad que hablaron con Mariotto reclamaron por la demora de sus causas (ocho de cada diez presos provinciales no tienen sentencia firme), la falta de atención sanitaria y las inicuas condiciones de alojamiento. Con un solo dentista que concurre una hora por semana, la única terapia para cualquier problema es la extracción. Enfermos con HIV-Sida, diabetes, trastornos psiquiátricos y/o neurológicos no reciben ningún medicamento. No hay médicos que recorran los pabellones ni que visiten la denominada sala de internación, donde ni hay un enfermero. Esto es así pese a que el 27 de diciembre de 2009 el gobernador Daniel Scioli firmó con la presidente CFK un Convenio Marco de Cooperación y Asistencia de Salud en Cárceles, por el cual la población penitenciaria debería participar de todos los planes sociales y de salud implementados para el resto de la sociedad por los ministerios respectivos de la provincia y de la Nación. Los vidrios de todas las ventanas están rotos, por lo que el invierno es insoportable. De las paredes por las que caminan cucarachas, cuelgan cables pelados que se conectan en los tomacorrientes a falta de enchufes. Por resolución judicial, cada interno en esa cárcel construida sobre un basural debe recibir cinco litros diarios de agua potable para beber, cocinar e higienizarse. En ninguna celda había más de un bidón, para cuatro o cinco personas. Además sus etiquetas son fotocopiadas y muchos detenidos afirman que son rellenados con agua de la canilla. En muchas celdas, donde los detenidos pasan el día entero incluyendo la comida, las letrinas están tapadas y desprenden un olor hediondo, las canilla no cierran y el agua corre sin cesar y se derrama por el piso, sobre el que tienden mantas para dormir los que no tienen colchones, en celdas para dos personas en las que se apiñan cuatro o cinco. Los colchones son escuálidos, inflamables y están destripados por las constantes requisas. El Servicio no provee elementos de limpieza para las celdas ni de higiene personal para los detenidos.

El sistema de la crueldad

También el 29 de marzo el camarista Leonardo Pitlevnik y los jueces de garantías Ricardo Costa y Esteban Rossignoli inspeccionaron la Unidad 47, que integra el mismo complejo. Allí documentaron “existencia de ratas y cucarachas; falta de cupos para estudiar no obstante la demanda de las personas detenidas (el cupo es de 80 y la lista de espera de 150); pocos funcionarios penitenciarios para proveer seguridad y control; defectuosa concurrencia de personal médico; superpoblación y secuestro cotidiano de facas”. El director de la U47, prefecto mayor Fernández, no sabía cuántos profesionales de la salud y de qué especialidades concurrían ni en qué horario. Tampoco pudo responder sobre la empresa que proveía los alimentos: aunque se llama “Resaka” el sello en la documentación revisada decía “Cook Master”. Lo mismo ocurrió con la ordenada desratización: mientras los detenidos mencionaban que “estaba todo igual”, los penitenciarios dijeron que “se había reducido el número de animales”. El 18 de abril, la Suprema Corte de Justicia provincial ordenó generar acciones para reducir los niveles de violencia y “salvaguardar la vigencia de los derechos humanos”, dado “el desgobierno y el consumo de sustancias estupefacientes”. La Corte dispuso que el ministro de Seguridad, alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal, y la procuradora general, María Falbo, le informen en forma trimestral “con detalle y precisión” sobre “la instauración de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, intensificación del control de gestión y continuidad del monitoreo”. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar solicitada por el CELS y la Comisión Provincial por la Memoria luego del asesinato a golpes del interno Patricio Barros Cisneros, y responsabilizó al Estado Nacional por la integridad y la vida de las personas privadas de su libertad en el Complejo Conurbano Norte. “Los homicidios en unidades penitenciarias provinciales aumentaron casi un 20 por ciento durante el último año. Estas muertes vienen acompañadas por una persistente situación de hacinamiento, torturas, malos tratos y privaciones estructurales de derechos. La violencia extrema en los lugares de encierro se explica, en general, por lo que hace o deja de hacer el SPB, que aparece como intocable. La negación política de la situación alimenta las respuestas represivas y ha reafirmado la autonomía con la que el SPB se mueve”, sostiene la presentación. Luego de la visita a las cárceles, Mariotto se reunió con Scioli quien, ante la advertencia de que la Nación se ocuparía de lo que no hiciera la provincia, dispuso que varios ministerios acercaran algunas soluciones a los problemas más urgentes. Así, la jefatura de gabinete y los ministerios de Salud y Desarrollo Social provinciales enviaron trailers con el equipamiento necesario para emitir documentos nacionales de identidad, asistentes sociales, médicos y odontólogos. Ya en el complejo Conurbano Norte, se encontraron con los funcionarios de la ANSES que debían relevar la situación de cada interno y los de Desa-rrollo Social de la Nación encargados del otorgamiento de distintos planes sociales a los detenidos.

Pasarse de Lista

Pese a la presencia del viceministro Albarracín y de la jefa del SPB Piermarini, la delegación esperó horas sin que se presentaran para realizar los trámites más que un puñado de detenidos. Fue la defensora pública Mestrín, quien tomó la iniciativa y reclamó que los promotores de la ANSES ingresaran a los pabellones en vez de esperar que el Servicio llevara a los detenidos hacia ellos. Al ingresar, comprobaron que la mayoría de la población reclusa ignoraba la visita que se estaba realizando y que las listas de quienes recibirían ese beneficio las confeccionaban los confidentes del Servicio, conocidos en las cárceles como Los Limpieza. Ese es el núcleo de la problemática carcelaria: la vida y la muerte dependen de un sistema de prebendas y represalias administrado por el SPB, cuyo brazo ejecutor son Los Limpieza, equivalentes de Los buchones policiales y de Los transas en los barrios, todos ellos a su vez reminiscentes del siniestro sistema de Kapós con el que se administraban los campos de concentración del nazismo. Así, las mejores intenciones del sistema político o de los organismos defensores de los derechos humanos son devoradas por esa ciénaga sin ley ni instituciones, donde la vida no vale nada. Para superar esta limitación y en respuesta a la medida cautelar de la CIDH, el Poder Ejecutivo decidió formar una comisión con sede en el ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con delegados de la Cancillería, de las secretarías nacional y provincial de derechos humanos, del ministerio de Seguridad bonaerense, del CELS y de la CPM, donde se tratará de adoptar e implementar medidas permanentes y con sustento institucional. Comenzará por Buenos Aires, pero se extendería luego al resto del país.

La cárcel y la villa

Mientras Albarracín y Piermarini aguardaban a la entrada del Complejo Penitenciario, Mario-tto se reunía en la Universidad Nacional de San Martín con el rector Carlos Ruta y la decana del Centro Universitario que funciona dentro de la cárcel, Gabriela Salvini, quienes invitaron al vicegobernador a visitar dos emprendimientos iniciados por detenidos dentro del Complejo y continuados en dos de las villas de San Martín al recuperar su libertad. Uno de los colaboradores de Salvini, quien se presentó como tercera generación de cartoneros, dijo que la situación no era muy diferente entre la cárcel y las villas, porque en ambas se manifiesta el abismo social y la desintegración causados por las políticas neoliberales. El trabajo, la educación y el arte son las formas de rescate que conciben. Waldemar Cubillas comenzó a estudiar sociología tras las rejas y realizó un censo por el cual supo que un alto porcentaje de sus compañeros de reclusión no sabían leer ni escribir. Al salir de la cárcel, volvió a la villa La Carcova (con acento en la o, como lo pronuncian sus habitantes), con el propósito de repetir allí el programa de alfabetización para adultos que había comenzado en el Centro Universitario de la cárcel. Pero la realidad de la villa impuso sus condiciones y así surgió la biblioteca popular La Carcova, donde se reúnen docenas de pibes de 6 a 12 años para leer, contar y escribir historias y recibir asistencia escolar. “Este es El Cuentero”, dice Waldemar. Un morochito rapado de ojos y pestañas enormes asiente.

–¿Por qué te llaman así?

–Porque soy el que inventa los cuentos –responde con orgullo.

Esa cabaña de unos 2x3 metros fue construida con maderas del cartoneo. Sobre el piso de tierra, colocaron los restos de una alfombra apolillada. La pared del frente fue tapiada con adobe sobre las tablas para atenuar el frío. “Lo hicimos desde abajo, sin ayuda de nadie, porque así empiezan las cosas que valen”, dice Waldemar. Adjunto a la biblioteca, construyeron con el mismo sistema un establo, para guarecer a un petiso viejo que les regalaron cuando ya no pudo tirar del carro de cirujear. Un chico propuso llamarlo Néstor, otro sugirió “Néstor en bloque”, por el conjunto de cumbia villera que canta:

“Siempre fuimos como luz y sombra
que sin la sombra no hay luz
y sin la luz no hay sombra”.

Por fin, todos acordaron ponerle Tornado, nombre que el matungo sobrelleva con el exiguo decoro que le queda. A pocos metros de la biblioteca y el establo está el santuario, compartido por tres deidades populares: San la Muerte, el Gauchito Gil y la yoruba Iemanyá. Siempre rodeado por los pibes que lo siguen como líder y modelo, Waldemar reflexiona sobre los territorios que definen su vida. “La cárcel es como la villa con muros, la gente es la misma, las relaciones se parecen.”

Entre las cuerdas

Le pregunto si conoce al sociólogo francés residente en Estados Unidos Loïc Wacquant. Sí, claro. Después de leer su libro Entre las cuerdas, relato sobre su experiencia como boxeador amateur en el gimnasio de un barrio empobrecido de Chicago, Waldemar y Graciela decidieron crear una escuela de boxeo en la cárcel, que aún no se inauguró debido a las restricciones impuestas por el SPB desde la visita de Mariotto. También han leído Las cárceles de la miseria, el libro de Wacquant que se editó en la Argentina en plena crisis del 2000. Los mismos que ayer “militaban en favor del Estado mínimo en lo que se refiere a las prerrogativas del capital y la utilización de la mano de obra, exigen hoy con igual fervor más Estado para enmascarar y contener las consecuencias sociales deletéreas de la desregulación del trabajo asalariado y del deterioro de la protección social”, dice. “A la atrofia deliberada del Estado social corresponde la hipertrofia del Estado penal”. El objetivo de esa política es “calmar el temor de las clases medias y altas mediante el hostigamiento permanente a los pobres en los espacios públicos”, como ocurre aquí con los operativos de saturación de Scioli y Casal. Añade que con la doctrina de la tolerancia cero también se propagó “la retórica militar de la ‘guerra’ al crimen y de la ‘reconquista’ del espacio público, que asimila a los delincuentes (reales o imaginarios), los sin techo, los mendigos y otros marginales a invasores extranjeros, lo cual facilita la amalgama con la inmigración, que siempre da réditos electorales”. En cambio, “difícilmente se trate de aplicar la tolerancia cero a las violaciones patronales del derecho laboral o del derecho social”. Las cárceles “no están llenas de criminales peligrosos y endurecidos, sino de condenados por casos de estupefacientes, robos, hurtos o simples perturbaciones del orden público, salidos en esencia de los sectores precarizados de la clase obrera”. El irresistible ascenso del Estado penal “traduce la puesta en vigencia de una política de criminalización de la miseria que es el complemento indispensable de la imposición del trabajo asalariado precario y mal pago”. La desinversión social “entraña y requiere la sobreinversión carcelaria”. Desde 1975 en los barrios obreros del Gran París “la curva de la desocupación y la de la población penitenciaria siguen una evolución rigurosamente paralela”. La alternativa a la cárcel es resignarse a los empleos inseguros. Wacquant propone “la creación de nuevos derechos del ciudadano, tales como el ingreso de existencia, independiente de la realización o no de un trabajo, la educación y la formación de por vida, el acceso efectivo a la vivienda para todos y la cobertura médica universal, acompañada por una reconstrucción agresiva de las capacidades sociales del Estado”. De esa elección, dice, “depende el tipo de civilización que Europa pretenda ofrecer a sus ciudadanos”. Parece pensado para la Argentina. La segunda visita fue a un merendero instalado por otro ex recluso en una casa familiar de la Sarmiento. una villa más de San Martín. El Estado ayudará a remover una montaña de escombros y basura y a construir una edificación más grande para responder a la enorme demanda y permitir que también se utilice para ayuda escolar. Por ahora sin difusión pública, también han comenzado en villas de la Capital y del Conurbano Bonaerense operativos nacionales que coordina el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y en los que participan los ministerios de Alicia Kirchner, Juan Manzur, Alberto Sileoni, Nilda Garré, Arturo Puricelli y Florencio Randazzo. Están concebidos para el rescate de los excluidos, reverso de los operativos de saturación, criminalizadores y estigmatizantes que Scioli y Casal conducen en las villas bonaerenses. Por decirlo en los términos de Loïc Wacquant, en vez del Estado Penitencia, un gradual regreso del Estado Providencia.

Sobre La Plata y la plata

Una reforma tibia con resistencia caliente. Los argumentos de Biolcati y sus silencios. La nación y los intendentes, interesantes. Scioli, con poco juego. Entre Ríos, un precedente llamativo. Paritarias que cierran, inyección a la demanda. Las oposiciones y los desafíos más serios. Por Mario Wainfeld

Es infrecuente que el gobierno de la provincia de Buenos Aires no consiga la sanción de las leyes que propone a su Legislatura. La preeminencia del peronismo, la telaraña de “pactos preexistentes” (sanctos y de los otros) con la oposición suelen garantizar una gobernabilidad bastante calma. Los traspiés que sufrió la reforma fiscal en la semana que pasó reconocen pocos o nulos precedentes, ninguno en el corto plazo cercano. De ahí el nerviosismo y el malhumor que cunden desde el gobernador Daniel Scioli para abajo.

El escollo fáctico esencial es la resistencia de las patronales ruralistas. Abarca bastantes aspectos de la reforma aunque se centra en los revalúos inmobiliarios. Con el inefable titular de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, a la cabeza las corporaciones del campo repiten atavismos arraigados. Su idea de república y de instituciones repele la obviedad de actualizar el valor de sus campos. Las tasaciones están congeladas desde hace 15 años, lo que torna superfluos mayores consideraciones o adjetivos. La propiedad se ha actualizado a tasas chinas, en el mundo real. Los compañeros agropecuarios reconocen a regañadientes que las valuaciones están rezagadas. Con un detalle interesante: ninguno responde (ni siquiera ante periodistas amigables, “del palo”, que quieren preguntarles) cuánto pagan actualmente. Ocurre que los valores vigentes son, en muchos casos (en estas cuestiones ninguna regla es uniforme), irrisorios.

La propiedad rural es una gran inversión que ha interesado en los años recientes a empresarios industriales, deportistas exitosos y más de un dirigente político. La carga fiscal para un impuesto al patrimonio, o sea progresivo por naturaleza, está muy rezagada respecto de los automotores o de los inmuebles urbanos. No importa: la clase campera no quiere ponerse. Alega que hay otras reformas más amigables, en Santa Fe y Entre Ríos. Pide que Buenos Aires las replique. En esas comarcas, empero, la Mesa de Enlace se muestra chúcara como ya se contará.

Buenos Aires, como tantas provincias, ha sido híper laxa para fijar y percibir impuestos. La contingencia, más ardua que en años precedentes, la fuerza a revisar su pereza que traduce un federalismo berreta e hipócrita. Por un lado se despotrica contra el gobierno nacional, por otro se recuestan en que éste se ocupe de la recolección de impuestos. Generan así una competitividad espuria (“venga a invertir acá que se paga poco”), ahorrando encontronazos con los poderes fácticos.

El revisionismo bonaerense es lógico, tardío y (bien mirado) muy leve. Según las estimaciones de sus propias autoridades las nuevas alícuotas se calcularán sobre el 30 por ciento del valor real de mercado de los campos (siempre hablando en promedio, lo que reconoce excepciones y casos muy dispares).

La modificación busca mejorar la ecuación financiera de la provincia. Los municipios están también muy concernidos. En La Plata aseveran que a ellos les tocará más que al fisco provincial. Los intendentes hacen otras cuentas, menos optimistas, pero asumen que un refuerzo de dinero les vendría muy bien, casi como salvavidas. Casi todas las provincias, muy desfondadas, también precisan uno.

El otro interesado es el Fisco nacional porque la suba de las valuaciones impactaría en el impuesto a bienes personales. Otro gravamen al patrimonio, de los más equitativos. La narrativa de las patronales agropecuarias es, en este aspecto, una confesión sobre un pecado capital (ista). No quieren pagar bienes personales en base a valores algo menos distantes de los reales. Leyó bien: no hay error del cronista. Lo que en cualquier país sensato sería una argucia de evasores acá se transforma en un criterio sensato, el diario La Nación (¿cuándo no?) lo elevó ayer a reclamo editorial. El desparpajo de los dueños de la tierra es, llegado a este punto, absoluto. Se sacan la máscara.

Es de lamentar que el radicalismo y el Frente Amplio Progresista (FAP) reincidan en sus errores de 2008 y 2009 acompañándolos. En el caso de la UCR hay una tensión interna entre los intendentes (que miran sus arcas y son más afines a la propuesta de reforma) y los legisladores, más pendientes del posicionamiento político. Los arredran las críticas mediáticas a su digna postura en la expropiación de YPF, temen quedar como “demasiado oficialistas”. Ese resquemor les valió una sangría electoral enorme en 2011, parece que no escarmientan.

El sciolismo intentó renegociar en Diputados con el FAP, concediendo demasiado en términos de justicia impositiva. Las tratativas febriles se interrumpieron cuando llegaron mensajes desde el gobierno nacional. Hubo mensajes directos (relativamente reservados) al diputado Horacio González del Frente para la Victoria (FpV), quien bastoneaba las tratativas con el FAP. En esas horas febriles, formuló declaraciones el ministro de Economía Hernán Lorenzino alegando que Scioli puede hacer los revalúos inmobiliarios por decreto, sin necesitar acordar con la oposición. Lorenzino no se caracteriza por la verborragia ni por mandarse por cuenta propia. Es evidente que propalaba un mensaje de la Casa Rosada. Funcionarios sciolistas, incluyendo su ministra de Economía Silvina Batakis, replican que la legislación bonaerense no habilita ese rebusque. Desde Balcarce 50 le responden que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner sabe más que el gobernador acerca de legislación. Lo que hay en disputa, de cualquier modo, es mucho más que la interpretación de las normas. El gobierno nacional desautoriza todo pacto a la baja con las corporaciones rurales y no le cede un tranco de pollo a Scioli. El interés por la “caja nacional” es relevante pero no agota el conflicto. El manual de estilo 2012 del gobernador bonaerense faculta a algunos allegados a despotricar contra el vicegobernador Gabriel Mariotto pero no contra la Presidenta. En este caso, la regla complica la inteligibilidad de cualquier discurso.

La historia continuará en los días venideros.-

En otros pagos: Biolcati y el FAP procuran que la revaluación sea gradual y escalonada en cinco años. Se escudan en el proyecto que envió el gobernador socialista Antonio Bonfatti a la Legislatura santafesina, contra el que corcovearon un poquito y que aún no ha sido tratado. También aluden a Entre Ríos, un ejemplo ya concretado que les hace poco favor. En esa provincia la adecuación se concertó en 2008 entre el gobierno local y la Mesa de Enlace. Escalonada también, llegando a valores plenos en 2012, esto es, ahora. Fieles a su idiosincrasia, los ruralistas pusieron el grito en el cielo cuando se redondeó lo acordado. Presionaron al oficialismo provincial, se movilizaron a la Casa de Gobierno y apalearon a policías, hiriendo a cuatro de ellos. El eterno Alfredo De Angeli lideraba la movida, de la que informa en detalle y con fotos llamativas el diario digital Junio que dirige el periodista Claudio Gastaldi. La praxis patronal transita un registro variado: enaltece las instituciones cuando gana... cuando pierde no le hace asco a la acción directa ni a la violencia. No hay preguntas en medios hegemónicos sobre estos detalles, que condimentan la vida diaria.

El FpV controla con facilidad las dos Cámaras en Entre Ríos: la reforma se aprobó al galope. La Sociedad Rural judicializó la cuestión, presentando un recurso de amparo que fue rechazado de volea este 15 de mayo por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú. El gobernador Scioli debería reparar en el antecedente y poner las barbas en remojo.

La carga impositiva entrerriana es, bien mirada, tenue aunque mejora la inexistente ecuación anterior. Los valores actualizados son (en abrumadora tendencia) inferiores a los vigentes ahora (sin reforma alguna) en Buenos Aires.

De todos modos, algo es algo: la recaudación aumentó, según fuentes oficiales ya pagaron el nuevo tributo el 50 por ciento de los chacareros. Y el gobernador Sergio Urribarri se mantuvo en sus trece, sin hocicar ante las presiones corporativas. - -

Una ojeada a las paritarias: Desde el advenimiento del kirchnerismo las convenciones colectivas constituyen una sana rutina institucional que fue forjando una secuencia temporal repetida. En 2012 los cierres venían atrasados respecto de lo habitual, derivación de varios factores: coletazo de la interna CGT, cierta incertidumbre económica y un abril pletórico de feriados. El escenario abierto era disfuncional para el Gobierno por dos motivos al menos. El primero, su potencial conflictivo. El segundo, que los incrementos tardaron en llegar al bolsillo de los trabajadores, circunstancia indeseable para un “modelo” que apuesta al mercado interno y en la demanda de los sectores populares como dinamizadores. Con más plata en la calle, robustecida la demanda por “sumas fijas” y retroactivos el Gobierno confía en darle un envión a una economía que acusa signos de ralentamiento.

En la semana hubo tres acuerdos. Los empleados de comercio, siempre liderados por el incombustible Armando Oriente Cavalieri, superan el millón de laburantes. Los bancarios superan los 100.000. Los metalúrgicos, según la estimación de su secretario general Antonio Caló, son 250.000. La perspectiva de una huelga de un sector industrial ascendente (algo inusual en la etapa) era un mal augurio para la gobernabilidad y el equilibrio interno del movimiento obrero. En la cartera conducida por Carlos Tomada subrayan que los convenios se cierran “sin piso ni techo” y que, de todos modos, la Unión Obrera Metalúrgica firmó por cifras inferiores a la de 2011. La lectura más optimista combina los datos y traduce que hay autocontrol sindical, mantenimiento de la capacidad adquisitiva y activación keynesiana. La Unión Obrera de la Construcción puede ser, confía el Gobierno, el próximo sindicato relevante que llegue a un acuerdo. Los optimistas esperan que sea antes de fin de mes.

El Gobierno, estima el cronista en consonancia con los reclamos sindicales, debería elevar sensiblemente el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que carcome sueldos y jubilaciones apenas pasables. También hay una deuda respecto de una reforma impositiva que organice un sistema más equitativo. Frente a esas carencias de sintonía fina, los mensajes de sectores opositores son tremendistas y hasta impracticables. El secretario general de la CGT, Hugo Moyano, se pone exorbitante y clama por la supresión del impuesto a las ganancias, un sinsentido. A su vez, las patronales rurales luchan en aras de un enésimo pagadios. En esa tensión, el oficialismo queda mejor parado, no por tener toda la razón pero sí por estar en mucha mejor sintonía con la realidad y las necesidades mayoritarias.

Un horizonte complejo: El primer semestre está jugado, el segundo genera expectativas. El nivel de inversiones preocupa al Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo manifestó en exhortaciones discursivas a los empresarios. Paradoja solo para distraídos y apocalípticos: para entrar en YPF hay muchos postulantes, en otras áreas la oferta es más escueta.

El gobierno confía en mantener vivaz el mercado interno y moderar la inflación, aunque de eso no se hable.

El oficialismo domina el Congreso con comodidad. Jaquea a sus principales adversarios políticos: Scioli y el jefe de Gobierno Mauricio Macri que no las tienen todas consigo. Lleva la iniciativa política, diríase, con alegría. Su real desafío es sostener las variables económicas, el empleo, la distribución del ingreso. En ese terreno, los problemas son más arduos. Y es mayor el contrapeso de los interlocutores sectoriales (patronales, sindicatos, movimientos sociales, ecologistas), cada uno en su quintita, en defensa de sus derechos y conquistas.

La inflación, las peripecias del dólar, la protesta social entrando en la vida cotidiana son más complicados que sacar una ley histórica. En ese territorio, el de las realizaciones y el bienestar, se juegan como siempre las bazas más importantes del oficialismo. Que sabe que la epopeya de YPF es un gran paso pero que no alcanza y ya prepara nuevas medidas sociales para calentar el invierno, fiel a su hiperquinesis y a su afán de conservar el centro de la escena.

La centralidad de la “cuestión peronista” Por Edgardo Mocca

Desde el comienzo del ciclo kirchnerista, y particularmente a partir del conflicto con las patronales agrarias en 2008, se ha transformado el patrón de la disputa política argentina. El bipartidismo que resurge con la apertura democrática en 1983 y deviene “bipolarismo” en los tiempos de la Alianza ya no sirve como eje explicativo de las contiendas principales. No se trata solamente del marcado declive electoral nacional experimentado por el radicalismo; la UCR, dicho sea de paso, sigue siendo el segundo partido, tanto por el desarrollo de su estructura territorial federal como por el volumen de su representación parlamentaria nacional. La principal mutación consiste en el surgimiento del kirchnerismo como un nuevo movimiento de época en la Argentina. Como la expresión nacional de una nueva experiencia transformadora de extendida influencia en América del Sur y de gran relevancia en el contexto de la crisis del paradigma que rige la política y la economía mundial desde mediados de la década del setenta.Los viejos modos de la “política normal” ya habían estallado en las calles y las plazas de aquel diciembre de 2001, cuyas señales inaugurales de un nuevo tiempo pueden verse hoy con claridad. El kirchnerismo no hizo nada para recuperar esa normalidad política. Más bien situó a sus añoradores en el lugar simbólico del pasado al que la sociedad argentina no quiere volver. Por eso hoy el intento de respuesta al interrogante sobre el futuro del sistema político argentino no puede hacerse con el viejo instrumental analítico. No corresponde preguntarse quién será el candidato del radicalismo o del peronismo o de cada una de las coaliciones en las que éstos puedan participar. La pregunta central parece ser cómo y en qué condiciones la experiencia kirchnerista puede prolongarse en el tiempo y constituir un nuevo piso de disputa política (como fue, por ejemplo, el llamado “consenso socialdemócrata” en la Europa de las décadas siguientes al fin de la segunda guerra) o cómo esa experiencia puede ser derrotada definitivamente sin dejar huellas importantes hacia el futuro.La pregunta debería ser pensada en dos grandes conjuntos de problemas. Uno concierne a la suerte de las políticas concretas que logren darle consistencia y profundidad al proyecto político en curso en el marco de los nuevos desafíos que plantea la crisis del capitalismo mundial. El otro centro de atención debería colocarse en la construcción de una fórmula política capaz de superar el nada desdeñable escollo que supone la actual inhibición constitucional para una nueva reelección de Cristina Kirchner. Otra manera de decir lo mismo sería preguntarse por el modo en que la actual conducción política nacional podría transitar el espinoso camino de la lucha por la sucesión en el interior del peronismo.Claro que la alusión al peronismo es toda una cuestión. Lo constituye una extendida red de caudillos provinciales y municipales fuertemente ensamblados en la estructura estatal, que en ausencia de sólidas instituciones político-partidarias ha devenido una apoyatura imprescindible de la movilización política. Tiene en su interior al movimiento sindical, que, paralelamente a la recuperación del empleo, a un grado de reindustrialización y a la activación de las convenciones colectivas de trabajo recuperó parte del terreno perdido en las décadas anteriores. Sin embargo, la coalición cristinista no se limita a la estructura territorial del justicialismo y a su principal movimiento social: incluye una difusa constelación de grupos sociales y políticos, proveniente de experiencias y tradiciones políticas muy heterogéneas. En el interior de ese conglomerado están las organizaciones juveniles que se han expandido visiblemente en los últimos años y no solamente por el impulso recibido “desde arriba” sino, ante todo, por el hecho innegable de la politización general de la sociedad, particularmente a partir del conflicto agrario de 2008. Se suman organizaciones políticas de diferente grado de desarrollo; las hay fuertemente identificadas con el peronismo y las hay provenientes del universo progresista que decidió el apoyo a los gobiernos kirchneristas; están las fuerzas menores que integran junto al PJ el Frente para la Victoria y las que, como el Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, militan por ahora fuera de ese espacio. Y debe sumarse también la presencia de referentes de movimientos sociales –en primer lugar las que históricamente se identificaron con la defensa de los derechos humanos–, de espacios intelectuales como Carta Abierta y de destacadas personalidades del mundo de la cultura popular. Es claro que no todos estos componentes son decisivos a la hora de la elección, pero indudablemente han agregado entusiasmo militante y prestigio político a la causa kirchnerista.No todo el kirchnerismo es, por lo tanto, peronista. Tampoco todo el peronismo es kirchnerista. La referencia no se limita al llamado “peronismo disidente”, hoy en proceso de disolución. Alude también a la amplia gama que recorre la intensidad de los apoyos al gobierno nacional en la mencionada red territorial del justicialismo. Es innegable que el proceso kirchnerista motorizó un fuerte cambio cultural en un conjunto de cuadros dirigentes partidarios respecto del estado de cosas propio de la década del noventa. Pero tampoco puede desconocerse que también anida en esa estructura una cierta nostalgia por el orden perdido, por aquella matriz política que no tensaba la cuerda en la relación con los sectores más poderosos de la sociedad. Tanto Néstor como Cristina Kirchner han sabido ejercer hegemonía política sobre esa heterogénea política, no tanto por la capacidad de operación en su interior sino por la dinámica de sus decisiones políticas y el impacto de esas decisiones en el sentimiento popular.En los meses inmediatamente posteriores a la elección de octubre último, predominó entre los analistas la sensación de que la contienda política futura se ordenaría en torno de un eje “oficialismo-oposición” y, a partir de esa mirada, la figura de Mauricio Macri se convertía en el desafío principal para la continuidad en el tiempo del proyecto kirchnerista. El impulso que le dio a esa perspectiva el visible empeño de los medios hegemónicos a su favor, ocultó sus problemas estructurales, que son muchos y muy variados. El visible déficit de liderazgo personal que ofrece el jefe porteño, la obstinación en situar a la ciudad en una confrontación permanente con las provincias y su peregrina idea de ofrecer el “no gobierno” municipal como carta de presentación para una alternativa nacional parecen elementos suficientes para poner en duda la viabilidad de esta propuesta política.

Hay, sin embargo, un obstáculo central para ese proyecto. Es el peronismo. Hoy no parece haber mucho ambiente favorable en el interior de la estructura del justicialismo para saltar el charco en la dirección de un reagrupamiento de derecha. Es decir, puede haberlo en expresiones menores de lo que fue el menemismo y en las raleadas filas de la “disidencia peronista”. Pero nada de eso altera sustancialmente la escena. La fuerza fundamental del justicialismo, los dirigentes que gobiernan provincias en primer lugar, no serán, con toda probabilidad, parte de una aventura semejante, en momentos en que está abierto el proceso político de la sucesión presidencial en el interior del peronismo. El macrismo no tiene cómo constituir una fuerza de alcance nacional sin ese concurso del peronismo: difícilmente alcancen para ese objetivo las incorporaciones de Adrián Menem y Fernando Niembro.

Es por eso que el anuncio de Scioli de su pretensión presidencial para 2011 adquiere una fuerte significación. Puede pensarse que es prematura pero no que es sorpresiva. Por otro lado, Scioli no anunció que empezaba su campaña proselitista, simplemente “reservó lugar”. Si efectivamente, como aquí se sostiene, el problema político a resolver es la continuidad o no de la experiencia kirchnerista, el lugar del gobernador bonaerense es profundamente problemático. Hasta ahora pudo moverse en el terreno de una marcada economía en materia de definiciones estratégicas: le alcanzó con las muletillas de su lealtad a Néstor y a Cristina y su concentración en las tareas de gobierno. Este discurso ya no será suficiente. Sus más fuertes respaldos en los forcejeos políticos provinciales vinieron de las grandes empresas mediáticas, de Alberto Fernández y de Moyano. Hace rato que el ex jefe de Gabinete trabaja a tiempo completo en la vertebración de lo que hasta hace un tiempo llamaba el “poskirchnerismo”; Moyano, por su lado, enarboló como bandera de su viraje antigubernamental la defensa del “verdadero peronismo”.

La idea de que el camino de Scioli hacia la candidatura presidencial puede aunar el apoyo de los poderes fácticos enfrentados existencialmente al Gobierno y, al mismo tiempo, contar con el apoyo o la neutralidad del kirchnerismo es pura fantasía. Todo indica que, en el mapa político generado por la elección de octubre, la disputa sobre el futuro del kirchnerismo se librará en el interior de la coalición que hoy sostiene al Gobierno.

Con la consigna como mandato

El modo de traducir en hechos concretos el lema “Unidos y organizados” fue eje del debate. Los ministros Carlos Tomada y Nilda Garré y el legislador Juan Cabandié cerraron el encuentro. Destacaron el liderazgo de CFK y el papel de los jóvenes en la política. Por Nicolás Lantos

Más de 250 militantes kirchneristas de la ciudad de Buenos Aires debatieron durante todo el día de ayer en el marco de un plenario convocado por la Corriente Peronista Descamisados que concluyó con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada; la ministra de Seguridad, Nilda Garré; y el legislador porteño Juan Cabandié. El rumbo que tomará la sintonía fina, la concreción de la consigna “Unidos y organizados”, la recuperación de la Capital Federal para el proyecto nacional y hasta la posibilidad de una reforma constitucional y las internas del Partido Justicialista formaron parte de los temas que se repasaron durante la jornada.“El planteo es ‘Unidos y organizados’, y está en nosotros que esto no sea una consigna y que sea un mandato”, propuso Tomada durante el cierre de la actividad. El ministro de Trabajo destacó que en los seis meses que lleva el segundo período presidencial de Cristina Fernández de Kirchner se tomaron medidas como el estatuto del Peón Rural, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Tierras o la recuperación de YPF y que “cada una de esas iniciativas justifica un gobierno en sí misma.”A su turno, Garré destacó la importancia de los militantes que se incorporaron al kirchnerismo en los últimos años, en particular los jóvenes (que conformaban buena parte de su audiencia), a quienes definió como “el instrumento que permite seguir con las transformaciones en un momento muy particular de la Argentina”, aunque se cuidó de dejar en claro que semejante caudal de participación sólo alcanza su máximo potencial cuando está conducido: “El liderazgo está y atrás de él, se va a ir poniendo el peronismo, que sabe que para dar batallas hay que buscar liderazgos como el de la Presidenta, que es legítimo, auténtico”, plantó bandera.La referencia a la incipiente interna en territorio bonaerense entre un sector cercano al gobernador Daniel Scioli y el kirchnerismo representado en el vice Gabriel Mariotto y La Cámpora no se quedaría ahí. Garré desestimó que las “luchas que puedan darse al interior del peronismo” vayan a poner en peligro el proyecto. “Habrá que neutralizarlas con unidad y organización –propuso–. Cuando se dan las disputas hay que levantar las banderas de la unidad nacional y dentro de ellas hay elementos básicos, entre ellas, la lucha por la igualdad.”

Por su parte, Cabandié destacó que el camino para organizar al kirchnerismo en un territorio complicado como la capital es “la militancia activa, que va contra los que piensan que el camino es la permanencia y la recurrencia de los medios de comunicación, desde la capilaridad, llegando a las diez mil manzanas de la Ciudad”. Y sostuvo: “Tenemos que tener claro que el uso abusivo de los medios de comunicación es una herramienta de la derecha antipatriótica y del progresismo abstracto estanco y bobo porque ellos nunca construyeron nada”.

El encuentro se desarrolló desde la mañana en la sede de la Mutual Homero Manzi del barrio de Boedo, donde unos 250 militantes trabajaron desde temprano en comisiones para debatir sobre distintos ejes, desde cómo recuperar la Ciudad hasta la posibilidad de una reforma constitucional. Una de ellos, Lorena Pokoik, explicó el motivo detrás de esta jornada: “Creemos que en esta etapa, las organizaciones cargamos sobre nuestras espaldas una responsabilidad, que es traducir el legado que nos ha dejado Néstor para construir una agenda con objetivos que creemos vitales para la Argentina que viene”.

El mayor riesgo país sería creerles

Un viejo fantasma volvió a la city y al escenario político. Mientras los bonos en dólares se pagan hasta un 30 por ciento por encima de su valor de rescate, las calificadoras le suben el riesgo país como si sus títulos de deuda fueran bonos basura. ¿Por qué? Por Raúl Dellatorre

En las últimas semanas volvió a hablarse en los medios de un concepto que parece arrancado de la penosa historia política y económica de los ’90, “el riesgo país”. Y si reapareció, lógicamente, es porque se lo asoció a un alza que para algunos merecía convertirse en noticia: superó los 1000 puntos. Es decir que, a los ojos de “los inversores extranjeros”, el país vuelve a ser una plaza riesgosa, de improbable recuperación de la inversión, y más aún de los créditos que se le otorgaran. ¿Cuánto tiene que ver esa sensación transmitida por las calificadoras y los medios con la realidad económica del país? ¿Cuánto tiene que ver la intencionalidad de quienes buscan obstaculizar determinadas acciones del Gobierno para cambiar reglas de juego aún vigentes desde la época de la convertibilidad? En definitiva, volver a hablar del riesgo país elevado, ¿significa que el país volvió al pasado o que volvieron al escenario los actores que antes agitaban esos mismos fantasmas?La reaparición de este viejo y conocido fantasma está rodeada, como no podía ser de otro modo, de misterios. El primero tiene que ver con su propia génesis. El nivel de “riesgo” que le corresponde a cada país tiene que ver con el diferencial de tasas entre un título de deuda pública de “riesgo cero” (de cobrabilidad absolutamente segura) y la tasa que se le asigna al país que se está buscando “medir”. El bono de riesgo cero está definido por convención: es el título de la deuda de largo plazo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es el organismo encargado de imprimir los dólares, por lo cual el incumplimiento de compromisos de pago en esa moneda resulta inverosímil, casi imposible. Casi, porque el año pasado Estados Unidos estuvo a punto de declararse en default porque el Congreso no le autorizaba a seguir endeudándose y la emisión de dólares (para capitalizar a bancos defondados durante la crisis) ya había llegado a un límite intolerable.A pesar de las circunstancias, el bono de deuda de la Fed sigue siendo el considerado de riesgo cero. Como medida para contrarrestar la crisis, la tasa de ese bono está en uno de sus más bajos niveles históricos, en el 0,5 por ciento anual (medio punto de interés al año, 50 centavos de dólar por cada 100 dólares prestados). Es un dato cierto, exacto, público. En cambio, la tasa que se le asigna al país al que se le “mide” el riesgo es mucho menos preciso. Para eso están las grandes consultoras, como Standard and Poors y Moody’s, que dirán cuál es el riesgo de cada país en función del valor de mercado de sus bonos de deuda, pero también ponderando la “solvencia” macroeconómica y la de su gobierno, la “voluntad” de pago de su deuda y “la capacidad potencial de generar divisas”.Entre los numerosos bonos de deuda soberana que emite Argentina, se toman los que pagan el vencimiento en valor dólar para compararlo internacionalmente. Cuando un país está en crisis y hay una fuerte presunción de que no va a pagar su deuda, estos bonos caen a un valor irrisorio porque es como una brasa caliente, que nadie quiere tener en sus manos cuando se declare el default. Un especulador lo podría tomar a la mitad de su valor sólo porque se arriesga a que, si se cobra, recibirá el doble de lo que invirtió (100 por ciento de ganancia). Ese diferencial entre la renta reclamada para aceptar el bono y la que paga un bono seguro (el de Estados Unidos) es lo que se denomina “riesgo país”.Hasta aquí, todo bastante razonable y técnico. Cuando Argentina hacia fines de los ’90 era visto como país caminando por el desfiladero y con los ojos vendados, los bonos de deuda soberana se ofrecían por monedas, por al altísimo riesgo de default, y el “riesgo país” trepaba a 2000, 3000 o más puntos. Quienes preveían el default no se equivocaron: ocurrió en 2002. Pero hoy, sin la trampa de la convertibilidad, Argentina cumple sus compromisos y los bonos, curiosidad del destino, cotizan en el país con un “premio” del 20 o el 30 por ciento del valor nominal de rescate: entre 5,40 y 5,80 pesos por dólar nominal.Si el riesgo país se tomara en función de este valor del mercado local (Buenos Aires), hoy resultaría negativo: el inversor está comprando a 5,40 lo que el Gobierno promete pagar 4,47 más un 7 por ciento anual. ¿Qué pasa con esos mismos títulos, por caso el Boden 2017, denominado en dólares, en el mercado de Nueva York? Hasta hace un mes, se llegó a pagar (en dólares) hasta un 8 o un 9 por ciento por encima de la par (por encima del valor de rescate que ofrecía el Gobierno). Conforme a ese parámetro, al menos, el bono argentino resultaba para el inversor más seguro o confiable que el bono estadounidense. Nadie habló entonces –las consultoras, menos– de un riesgo país cero o negativo para Argentina. ¿Cómo es posible que, en menos de un mes, el tema se convirtiera en noticia, pero justamente en el sentido contrario?Es sabido que en Buenos Aires estos bonos denominados en dólares están siendo utilizados por quienes pretenden transferir dinero sin declararlo al exterior, mediante una operación que la jerga financiera llama “contado con liqui” (por “operación local al contado con liquidación en el exterior”): compra del título en pesos acá y venta del mismo título inmediata en el exterior para su cobro en dólares. Como esa fuga de divisas no se puede declarar, quien la hace no puede comprar los dólares en el mercado formal, y está dispuesto a pagar una diferencia porque seguramente será más lo que gane por sacar del país lo que obtuvo con malas artes. Eso justifica el alto precio local de los bonos en dólares.Mientras tanto, lo que sucedió en el exterior (Nueva York) fue que los Boden 2017 empezaron a bajar de precio y en pocas semanas pasaron de cotizarse 8 por ciento sobre la par a un valor del 15 por ciento de descuento respecto de su valor nominal. La regla dice: baja el precio de mercado del bono, sube el riesgo país. El inversor extranjero reclama un precio mayor por “prestarle” al Gobierno (comprar un título de deuda). En este caso, paga 85 en vez de 100 (el mencionado 15 por ciento de descuento de la cotización) para obtener un interés del 7 por ciento. Es decir, está reclamando una tasa de retorno tres veces mayor. ¿Eso es equivalente a una suba del riesgo país a un índice 1000? Para nada, es una caída de la calificación totalmente desproporcionada respecto de lo que reflejan los mercados. Pero entre ambos “castigos”, el del mercado y el de las calificadoras, hay más de un punto de contacto.Hay un dato objetivo: el valor de los bonos argentinos en Nueva York empezó a caer a partir de que se conoció la decisión del Gobierno de recuperar YPF, enviando al Congreso el proyecto de expropiaciones de acciones en propiedad de Repsol. Menos certero resulta indicar por qué cayeron los bonos, si fue por percepción de mayor riesgo de parte de los inversores, o por un manejo intencional de algún sector económico-financiero que tiró abajo el precio para sancionar la decisión del Gobierno. El mercado de bonos argentinos en Nueva York es muy reducido y todo es posible.El otro dato objetivo es que las calificadoras reaccionaron inmediatamente a estos movimientos y comenzaron a subir el índice de riesgo país, pero de modo más acelerado o amplificado respecto de lo que se observaba en el mercado. Otra vez el mismo interrogante respecto de las motivaciones: ¿fue por percepción de que empeoraban las condiciones generales para la inversión en Argentina o fue una acción concertada con grupos económico-financieros con intenciones políticas? Con los antecedentes de estas consultoras internacionales, también todo es posible.Estos son los sucesos que escoltan el reingreso del riesgo país en el escenario. Un escenario en el que predomina la disputa entre los grupos financieros aún dominantes en la economía mundial (pero en crisis) y gobiernos que buscan quitarse de encima las restricciones impuestas con el neoliberalismo. El riesgo país es una de las herramientas con las que se ejerció el dominio sobre las políticas económicas de los países dependientes, condicionando lo que podrían o no hacer en función del “humor de los mercados”. En la actualidad, por propia voluntad, el gobierno nacional no toma crédito en el mercado financiero mundial, por lo cual la suba del “riesgo país” no encarece, como en los ’80 y los ’90, el costo que paga por endeudarse. Es más una sanción política que económica, que tendrá mayor o menor peso en función de la legitimidad que se conceda a las calificadoras que determinan ese riesgo país.

Viejos aires Por Santiago O’Donnell

Esta semana el veterano presidente socialdemócrata Karolos Papoulias (foto) propuso la formación de un gobierno de notables para salir de la crisis griega. Pensando un poco en el corto plazo, habrá razonado que, como dice su ministro de Economía, a Grecia le queda plata para pagar un mes más de pensiones y jubilaciones. Dado que están esperando cualquier día de éstos un desembolso de 130 mil millones de euros para tapar el agujero, entonces habría que aguantar un poquito más, cobrar el rescate de la Unión Europea y a seguir remando con la esperanza de que las cosas mejoren de a poco.Había que aguantar, razonaba el presidente, porque el rescate había sido prometido a cambio de durísimas medidas de ajuste que vienen soportando los griegos desde hace dos años, a un costo enorme. Recortaron casi un tercio de las jubilaciones, cerraron fábricas, cesantearon a empleados públicos y hoy más de un quinto de la población activa está en la calle por falta de empleo. Entre otras consecuencias que ni hace falta nombrar, la recesión generó una crisis política que ya se ha cargado a dos primeros ministros y a los grandes partidos que apoyaron sus gestiones. Ahora la Unión Europea le exige a Grecia 11.000 millones de euros más en recortes para los próximos dos años. Claro, a cambio le permiten refinanciar una deuda que ya casi duplica el producto bruto interno del país. Los italianos pusieron un gobierno tecnócrata y la van llevando, habrá razonado el presidente griego. ¿Por qué no nosotros?Era un plan. Un plan para solucionar el problema. El problema es que los griegos están hartos del ajuste. Hace dos semanas hubo elecciones y el ajuste perdió. Necesitaba 151 bancas, sacó 149. Pero eso no es nada. El problema es que al ajuste lo bancan los dos principales partidos políticos de Grecia, el del centroderecha y el de la socialdemocracia. En las elecciones del 2009 esos dos partidos habían sumado cerca del ochenta por ciento de los votos y ahora sacaron el treinta y dos. O sea, paliza histórica para el ajuste que se lleva puesto al bipartidismo griego, pero el veterano político a cargo de la presidencia cree que lo puede arreglar. Total, bien visto, el problema se soluciona con dos bancas, dos diputados que se borocoticen, que se cambien de bando, para que el bando del ajuste pueda sumar 151 bancas. Entonces el ajuste tendría mayoría parlamentaria y se podría formar un gobierno al gusto de la Unión Europea.Total, los griegos no quieren abandonar el euro, se habrá justificado el presidente. Y es así. Los griegos en su inmensa mayoría están hartos del ajuste, pero también en su inmensa mayoría no quieren salirse de la moneda europea. No es un país que se autoabastezca ni que cuente con grandes recursos naturales. Los griegos intuyen, más bien se dan cuenta, que no están para cortarse solos.Entonces, el veterano presidente, acostumbrado seguramente a estas situaciones, miró por ahí y se encontró con el tal Fotis Kubelis, de Izquierda Democrática, quien se había alzado con el 6,1 por ciento de los votos en la última elección y por ende había pasado a comandar una bancada con la nada despreciable cifra de diecinueve parlamentarios.Era la pieza que faltaba. El miércoles, el presidente anunció que conversaría con los partidos pro ajuste más Izquierda Democrática con la idea de formar un gobierno. No dijo “gobierno de tecnócratas pro ajuste”, sino que usó una frase más marketinera: “gobierno de notables”. Tampoco dijo que el objetivo del gobierno era bancar el ajuste y patear las elecciones, sino “flexibilizar y renegociar a largo plazo las drásticas medidas de ajuste del Memorándum firmado con la Unión Europea”. El líder socialdemócrata Venizelos fue más sincero. “El objetivo es evitar las elecciones”, dijo al salir de su reunión con el presidente. Habrán pensado que la maniobra podía salir bien, pero es difícil saberlo. Al día siguiente, cuando le preguntaron al presidente si pensaba que el gobierno de notables podía prosperar, sólo contestó con una sonrisa.Es que había que ganar tiempo. La plata sólo alcanzaba para un mes más, y el presi sabía que no le iban a dar el rescate si no se formaba un gobierno que bancara el ajuste. Por ley, si no se formaba el gobierno antes del fin de semana había que llamar a nuevas elecciones dentro de un mes. Pero no podía. No podía llamar a elecciones porque ganarían los que están contra del ajuste, esta vez por mucho más que hace dos semanas según todas las encuestas, y entonces chau rescate. Entonces la cuna de la civilización occidental, la patria de los filósofos, la tierra donde viven millones de personas, de laburantes como vos y yo, entra en bancarrota y entonces agarrate Catalina. Chau ahorros, chau laburos y a empezar de cero. Entonces el veterano presidente concluyó que tenía que patear las elecciones.Pero al final el tal Fotis Kubelis, de Izquierda Democrática no resultó ser una rata. Está bien, se sentó a la mesa con los grandes, por un rato jugó a ser el salvador de la patria, se ganó sus diez minutos de fama, pero al final le dijo no a la idea del gobierno de notables. Quizá lo hizo por convicción, pero las encuestas de opinión mostraban que su imagen había entrado en picada.Reaccionó el tal Kubelis y entonces al presidente no le quedó más remedio que resignarse y llamar a elecciones para el 17 de junio.En medio de tanta incertidumbre, que Europa sí que Europa no, que Merkel afloja o no afloja con el ajuste, que Grecia entra o no entra en bancarrota, que la izquierda triunfante el mes que viene será más o menos moderada, al menos surge un indicio. Los viejos aires están de salida.